Financiamiento sostenible: Acuerdo provisional sobre los bonos verdes europeos

La UE da nuevos pasos para aplicar su estrategia de Financiamiento del crecimiento sostenible y la transición a una economía neutra desde el punto de vista climático y eficiente en el uso de los recursos. Los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la creación de bonos verdes europeos (EuGB).

La nueva norma será útil tanto para los emisores como para los inversores de bonos verdes. Los emisores podrán demostrar que financian proyectos verdes legítimos que se ajustan a la taxonomía de la UE. Y los inversores que inviertan en esos bonos podrán evaluar, comparar y confiar más fácilmente en que sus inversiones son sostenibles, reduciendo así los riesgos que plantea el «lavado verde».

Este reglamento establece requisitos uniformes para los emisores de bonos que deseen utilizar la designación de «bono verde europeo» o «EuGB» para sus bonos sostenibles desde el punto de vista ambiental que estén alineados con la taxonomía de la UE y se pongan a disposición de los inversores de todo el mundo. También establece un sistema de registro y un marco de supervisión para los revisores externos de los bonos verdes europeos. Para evitar el «lavado verde» en el mercado de bonos verdes en general, el reglamento también establece algunos requisitos de divulgación voluntaria para otros bonos ambientalmente sostenibles y bonos vinculados a la sostenibilidad emitidos en la UE.

En virtud del acuerdo provisional, todos los fondos procedentes de los EuGB deberán invertirse en actividades económicas que se ajusten a la taxonomía de la UE, siempre que los sectores afectados ya estén cubiertos por ella. Para los sectores que aún no estén cubiertos por la taxonomía de la UE y para determinadas actividades muy específicas habrá una bolsa de flexibilidad del 15%. Con ello se pretende garantizar la usabilidad de la norma europea de bonos verdes desde el principio de su existencia. El uso y la necesidad de esta bolsa de flexibilidad se reevaluarán a medida que avance la transición de Europa hacia la neutralidad climática y con el número cada vez mayor de oportunidades de inversión atractivas y verdes que se espera que estén disponibles en los próximos años.

En cuanto a la supervisión, el acuerdo establece un sistema de registro y un marco de supervisión para «revisores externos» o entidades independientes que asumirán la responsabilidad de analizar si una emisión europea de bonos verdes cumple las normas establecidas para la etiqueta. Las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de origen designado (en consonancia con el Reglamento sobre el folleto) supervisarán que los emisores cumplan las obligaciones que les impone la nueva norma.

Es probable que los emisores públicos opten por utilizar la norma de la UE, mientras que los privados tendrán todo tipo de casos. Las empresas con actividades muy «taxonómicas» -como las dedicadas en exclusiva a las renovables- lo tendrán mucho más fácil para incorporarse al marco europeo, mientras que otras, con un menor alineamiento de su actividad con la taxonomía, podrían seguir emitiendo bajo los parámetros de la ICMA.

El pacto debe ahora ser refrendado por los dos Estados miembros y el Parlamento Europeo en pleno y entrará en vigor 12 meses después de que esto ocurra.